La Junta de Andalucía, títere de los empresarios y en contra de los trabajadores andaluces

El pasado día 30 de octubre, en la Comisión de Economía, Innovación,Ciencia y Empleo del Parlamento de Andalucía compareció el Consejero José Sánchez Maldonado el cual fue interpelado por la Diputada de I.U. Rosalía Martín respecto a la realidad de AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES preguntándole qué estaban haciendo desde la Junta de Andalucía en AYESA AT ante los permanentes ataques contra los derechos de los trabajadores por parte del empresario, así como que aportasen el Plan Estratégico de AYESA AT.

En la respuesta dada por el Consejero José Sánchez Maldonado respecto a la venta de Sadiel a AYESA indicó que “Esta fue una operación enmarcada en un acuerdo firmado por las cuatro firmas que componían Sadiel para dar entrada a la citada Ayesa como accionista mayoritario, con la finalidad de reforzar el proceso de expansión e internacionalización de la compañía”. En consecuencia, el Consejero afirma que esta operación realizada por la Junta de Andalucía, y los otros tres accionistas, fue para reforzar el proceso de internacionalización de la compañía, o lo que es lo mismo y que es lo que se ha traducido en estos tres años: Destrucción de empleo neto en SADIEL (hoy AYESA AT) en más de 300 puestos de trabajo y creación de más de 600 puestos de trabajo en el extranjero, o lo que es lo mismo, paro y precariedad en España y agudización de la explotación en el extranjero. Este hecho demuestra que el Gobierno de la Junta de Andalucía defiende los intereses de los empresarios y arremete contra los derechos de los trabajadores. 

Estas palabras del Consejero el 30 de octubre en sede parlamentaria chocan frontalmente con las que decía el hombre fuerte del PSOE dentro de SADIEL en el momento de la venta, el Consejero Delegado Rafael Camacho cuando en carta a la plantilla en enero de 2011 justificaba la venta a AYESA, aún reconociendo la existencia de otras ofertas, seguramente más potentes que la resultante, señalando “pensad un momento que hubiera sido de SADIEL en manos de una corporación multinacional. Por eso digo que esta decisión es acertada, oportuna y óptima. Porque no sólo permite conservar la identidad andaluza de la empresa sino su entidad propia, con sus activos propios, sus empleados y su Consejo de Administración. En definitiva, SADIEL no deja de ser SADIEL”.

El Consejero Sánchez Maldonado reconoció en la sesión parlamentaria que la Junta vendió un 15,5% de sus acciones por un montante de 4,6 millones de euros; ello implica que por el 51% de SADIEL – empresa con una facturación de 2010 de algo más de 118 millones de euros y unos fondos propios de casi 28 millones de euros – AYESA pagó 15,64 millones de euros significando un negocio redondo, o un regalo, para esta última pues pagando 15,64 millones de euros se hace con el control de unos fondos propios de casi 28 millones. Pero además, es la primera vez que el pez pequeño (AYESA) se comía a un pez mayor (SADIEL), ya que tanto en facturación como en número de trabajadores, SADIEL sólo en Andalucía tenía más trabajadores que el Grupo AYESA en todo el mundo.

Sánchez Maldonado también señaló que “El Gobierno andaluz entendió, en su momento, su disminución en la participación, de acuerdo con su política de apoyar a empresas de sectores estratégicos, para que pudiesen alcanzar un nivel que permitiera dar el relevo al sector privado”, reconociendo que la política del Gobierno andaluz del PSOE es el de utilizar dinero público de los andaluces para levantar empresas estratégicas y viables, como SADIEL, para, posteriormente, regalarlas a un empresario como, en este caso, ha sido José Luis Manzanares y, todo ello, lo hace un Gobierno en la comunidad autónoma del desempleo y la pobreza extrema.

Si todo lo mencionado hasta ahora es grave, todavía es más grave que siendo la Junta de Andalucía accionista en un 22% y el mayor cliente, el Consejero Sánchez Maldonado señale “he de manifestarle que, como he manifestado, la participación de la Agencia IDEA es minoritaria y que, en el consejo de administración último, celebrado el 19 de septiembre del presente año, en el orden del día no figuraba nada de lo que se formula en esta iniciativa y de que, ni tan siquiera a título informativo, se ha indicado nada respecto de expedientes a miembros del comité de empresa ni del plan estratégico que se menciona”. Por un lado, evidencia dejación de funciones, basándose en que “la participación de la Agencia IDEA es minoritaria”, pero además demuestra o que los accionistas desconocen lo que hace el accionista mayoritario o el Consejero tiene un desconocimiento enorme de lo que se hace en una empresa cuyo capital es en parte público y donde él tiene la obligación de conocer todo lo que pasa y no sólo ser un sirviente de José Luis Manzanares sino de defender los puestos de trabajo y las condiciones de los trabajadores. Y decimos desconocimiento porque los expedientes contra miembros de las Secciones Sindicales de CSC y de UGT, así como contra miembros del Comité de AYESA AT – en total 11 expedientes – se abren a primeros de septiembre y porque José Luis Manzanares Japón, el pasado 21 de julio, envió un comunicado a toda la plantilla por el que nos comunicaba una serie de reestructuraciones en la cúpula del Grupo como consecuencia de incluir la rama de construcción industrial y potenciar la expansión internacional del grupo empresarial por los EEUU y el mundo anglosajón. Para ello señalaba que es necesario dar “cuatro movimientos clave” en el organigrama para adaptarlo a lo que “exige el Plan Estratégico”. Plan Estratégico que desconocemos los trabajadores y sus representantes y que el segundo accionista más importante también manifiesta desconocer en sede parlamentaria, a pesar de que en dicho Plan Estratégico están contempladas operaciones empresariales que deben ser, al menos conocidas, por los socios máxime cuando esta comunicación es de 21 de julio y el Consejero afirma que hubo un Consejo de Administración de la Empresa el pasado 19 de septiembre . Entre los cuatro movimientos están:

1. Impulsar la oficina de Londres para buscar socios y financiación.
2. La creación de la figura de Vicepresidente Patrimonial, “para gestionar las finanzas del Grupo, conseguir los avales necesarios para las nuevas actividades, dirigir las operaciones societarias con los nuevos socios, soportar las fusiones y adquisiciones que sustenten nuestro crecimiento en los nuevos mercados”, que según la comunicación son EEUU, el mundo anglosajón y Asia.
3. Colocar a D. G. del R. como Director General Corporativo, que premia la aplicación de la política laboral contraria a los intereses y derechos de los trabajadores, y trazada por los dueños de AYESA, en AYESA AT y SDS.
4. Contratar a un nuevo Director General del área de Consultoría y Outsourcing, proveniente de EVERIS para sustituir a D. G. del R.

Así mismo, la comunicación de 21 de julio de José Luis Manzanares, a la que hacemos referencia, señalaba que “Con esta reestructuración damos un paso importante, que no será el único, para adaptar AYESA a los nuevos retos. El mañana es nuestro.”

Desde el Sindicato Coordinadora Sindical de Clase (C.S.C.), sindicato mayoritario en AYESA AT, exigimos al Gobierno de Andalucía que deje de ser títere de los empresarios, y de servir a los intereses de éstos, y defienda los intereses de la mayoría de los andaluces. Hemos pedido a la Dirección de AYESA AT ese Plan Estratégico, el cual nos ha negado como niega nuestro derecho a la información – hecho éste por el que tuvimos un conflicto colectivo cuyo juicio se celebró el pasado 20 de octubre - y, en consecuencia, exigimos a la Junta de Andalucía que nos entregue el Plan Estratégico al que hace referencia el Empresario Manzanares Japón y exigimos la dimisión del Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo José Sánchez Maldonado por la evidencia explícita de dejadez de sus funciones y desconocimiento de lo que acontece en una empresa donde él es el responsable máximo de un paquete accionarial del 22% que es dinero de todos los andaluces, empresa donde con la complicidad de la Junta no sólo se destruye empleo sino que se pisotean los derechos de los trabajadores.